Ley 1618 de 2013: lo que dice la ley estatutaria de discapacidad de Colombia

Qué es la Ley 1618 de 2013

Es una ley estatutaria, y por eso la Corte Constitucional revisó el proyecto antes de que se sancionara (proyecto 092 de 2011 Cámara, 167 de 2011 Senado), como piden los artículos 153 y 241, numeral 8, de la Constitución. En la Sentencia C-765 de 2012 lo declaró exequible, con dos artículos condicionados, el 13 y el 29, y un aparte del artículo 17 inexequible (Ley 1618 de 2013 en la Secretaría del Senado, notas de jurisprudencia). El presidente Juan Manuel Santos la sancionó en cumplimiento de esa sentencia (Ley 1618 de 2013 en el Ministerio de Salud), el 27 de febrero de 2013, y se publicó ese mismo día en el Diario Oficial 48.717 (Ley 1618 de 2013). Rige desde su publicación (Ley 1618 de 2013, artículo 32).

Colombia aprobó la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con la Ley 1346 de 2009 (Ley 1346 de 2009, artículo 1) y la ratificó el 10 de mayo de 2011 (estado de la Convención en la Colección de Tratados de la ONU). La Ley 1618 toma de esa ley las definiciones de comunicación, lenguaje, discriminación por motivos de discapacidad, ajustes razonables y diseño universal (Ley 1618 de 2013, artículo 2, parágrafo). Se complementa con los tratados de derechos humanos sobre discapacidad que Colombia aprobó y ratificó, y su aplicación no puede restringir ni menoscabar ningún derecho ya reconocido (Ley 1618 de 2013, artículo 4).

Obliga primero al Estado: las entidades públicas nacionales, departamentales, municipales, distritales y locales, en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad, son responsables de la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad, y cada una incorpora en su plan de desarrollo su política pública de discapacidad (Ley 1618 de 2013, artículo 5, numeral 2) y en su presupuesto los recursos para los ajustes razonables, que publica para que cualquiera los consulte (Ley 1618 de 2013, artículo 5, numeral 4). También pide a las familias, las empresas, los gremios y la sociedad que eviten y eliminen las barreras y denuncien cualquier acto de exclusión o discriminación (Ley 1618 de 2013, artículo 6, numerales 4 y 7).

Accesibilidad: lo que pide el artículo 14

Las entidades nacionales, departamentales, distritales y locales tienen que garantizar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, el espacio público, los bienes públicos, los lugares abiertos al público y los servicios públicos, en zonas urbanas y rurales (Ley 1618 de 2013, artículo 14). Para eso, la ley ordena:

• Diseño universal y ajustes razonables. Las entidades públicas y privadas que prestan servicios públicos trabajan con los postulados del diseño universal, para no excluir a nadie por su discapacidad, y tienen que diseñar, implementar y financiar todos los ajustes razonables necesarios (Ley 1618 de 2013, artículo 14, numeral 1).
• Un plan para las calles y el espacio público. Los municipios y distritos, con apoyo del departamento y la Nación, diseñan en un término no mayor a un año un plan de adecuación de vías y espacios públicos, con presupuesto y cronograma, para llegar en no más de 10 años a niveles de accesibilidad del 80 % como mínimo. El plan fija los criterios de diseño universal que deben seguir todas las obras públicas y privadas de la entidad desde que se adopta (Ley 1618 de 2013, artículo 14, numeral 3).
• Obras y baños. Las obras que se construyen o adecuan en el espacio público y privado y prestan servicios al público cumplen la normativa de accesibilidad y sus plazos, y todos los baños públicos tienen que ser accesibles (Ley 1618 de 2013, artículo 14, numerales 5 y 6).
• Turnos y filas. Todas las entidades públicas o privadas atienden con prioridad a las personas con discapacidad en los turnos o filas de cualquier servicio público o abierto al público (Ley 1618 de 2013, artículo 14, numeral 7).
• Licencias de construcción. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio establece un mecanismo de control, vigilancia y sanción para que las alcaldías y curadurías garanticen la accesibilidad en todas las licencias y construcciones, y coordina rutas y circuitos accesibles conectados con los paraderos y el transporte local (Ley 1618 de 2013, artículo 14, numeral 8).
• Universidades, teatros y estadios. Las instituciones de educación superior adecuan sus campus; los teatros, auditorios, cines y espacios culturales, sus instalaciones; y en los escenarios deportivos, recreativos y culturales se cumple la normativa de accesibilidad (Ley 1618 de 2013, artículo 14, numerales 9 a 11).
• Vivienda. Todo plan de vivienda de interés social respeta las normas de diseño universal, también en las áreas comunes y el espacio público (Ley 1618 de 2013, artículo 20, numeral 1).

El artículo 14 no da medidas en centímetros: se aplica en concordancia con la Ley 1287 de 2009 y las demás normas de accesibilidad (Ley 1618 de 2013, artículo 14, parágrafo). Cómo tiene que ser una oficina de atención al ciudadano, numeral por numeral, lo explica la guía de la NTC 6047.

Información y comunicaciones

Las personas con discapacidad tienen derecho a la información y a las comunicaciones en igualdad de condiciones. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y las demás entidades competentes tienen en cuenta, entre otras, estas medidas (Ley 1618 de 2013, artículo 16):

• un decreto reglamentario con los estándares de accesibilidad de todos los sitios web y los sistemas de información de las entidades del Estado, para que las personas con discapacidad sensorial accedan a ellos y a su información (Ley 1618 de 2013, artículo 16, numeral 11);
• programas con interpretación en «Lenguaje de Señas Colombiana», closed caption o subtítulos en los canales de televisión estatales, nacionales y regionales (Ley 1618 de 2013, artículo 16, numeral 3);
• cumplir las normas de accesibilidad de los medios de comunicación, con los plazos de adecuación que ellas fijan (Ley 1618 de 2013, artículo 16, numeral 2);
• tecnocentros accesibles, con software especializado para las personas con discapacidad sensorial, y un proyecto para masificar el software libre para personas con discapacidad (Ley 1618 de 2013, artículo 16, numerales 1 y 8);
• y la orientación del MinTIC y del programa Gobierno en Línea sobre la accesibilidad de la información en la administración pública (Ley 1618 de 2013, artículo 16, numeral 10).

La ley misma tiene que traducirse a los sistemas de comunicación de las distintas discapacidades y darse a conocer en todo el país, con el apoyo del Consejo Nacional de Discapacidad y los comités territoriales (Ley 1618 de 2013, artículo 28).

Trabajo

Todas las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo. El Ministerio de Trabajo y las demás entidades competentes establecen, entre otras, estas medidas (Ley 1618 de 2013, artículo 13):

• Cargos en el Estado. Los órganos y entidades del Estado, de todos los niveles, vinculan un porcentaje de personas con discapacidad dentro de los cargos existentes, que se publica al comienzo del año fiscal. La ley no fija ese porcentaje (Ley 1618 de 2013, artículo 13, numeral 2, literal f).
• Contratación pública. Un decreto da puntaje adicional en licitaciones, concursos de méritos y contratación directa a las empresas con personas con discapacidad en su planta (Ley 1618 de 2013, artículo 13, numeral 1), y otro fija un sistema de preferencias en contratos, créditos y subvenciones estatales para los empleadores particulares que tengan al menos el 10 % de su planta formada por personas con discapacidad certificadas (Ley 1618 de 2013, artículo 13, numeral 7).
• SENA. Incluye a las personas con discapacidad en todos sus programas, presta intérpretes de lengua de señas y guías intérpretes, y asesora a los empresarios que quieran contratarlas (Ley 1618 de 2013, artículo 13, numeral 3, literales a, b y c).
• Créditos. El Fondo Nacional de Ahorro da créditos de vivienda y educación con tasa preferencial, y Bancóldex crea líneas de crédito con tasas blandas para los emprendimientos y las empresas en que las personas con discapacidad sean titulares en el 20 % (Ley 1618 de 2013, artículo 13, numerales 4 y 5).
• Estímulos al empleador. Quien contrata a personas con discapacidad tiene, además de lo que dice el capítulo IV de la Ley 361 de 1997, los estímulos económicos que fije el Ministerio de Hacienda (Ley 1618 de 2013, artículo 13, numeral 6). La Corte Constitucional declaró exequible el artículo en el entendido de que ese ministerio no puede establecer exenciones ni descuentos tributarios con base en esa competencia (Ley 1618 de 2013 en la Secretaría del Senado, artículo 13, nota de la Sentencia C-765 de 2012).

Quién vigila que se cumpla

• Un mecanismo independiente. La ley crea un mecanismo independiente del Gobierno para promover, proteger y supervisar los derechos de la ley y la aplicación de la Convención. Lo integran la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las organizaciones de personas con discapacidad y la Contraloría General, con sus seccionales y las contralorías locales; las universidades pueden participar (Ley 1618 de 2013, artículo 30, numerales 1 y 2). Tiene presupuesto propio, del Ministerio de Justicia y del Derecho, y prepara informes periódicos, cada 6 meses como mínimo y cada 2 años como máximo, sobre lo que hace el Gobierno para cumplir la Convención (Ley 1618 de 2013, artículo 30, numerales 3 y 4).
• El Gobierno. El Ministerio de Salud y Protección Social, con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, coordina las medidas del Gobierno, como líder del Sistema Nacional de Discapacidad según la Ley 1145 de 2007, y hace de enlace con el mecanismo independiente (Ley 1618 de 2013, artículo 30, numeral 6).
• El Consejo Nacional de Discapacidad. Evalúa cada 4 años la eficacia de las acciones afirmativas, los ajustes razonables y la sanción a la discriminación (Ley 1618 de 2013, artículo 26).
• Falta grave. Si un empleado público, un trabajador oficial, un miembro de una corporación de elección popular, un contratista del Estado o un particular con funciones públicas omite las obligaciones de la ley, comete una falta grave en los términos del régimen disciplinario (Ley 1618 de 2013, artículo 31).
• Por sector. La Superintendencia Nacional de Salud sanciona lo que impida el acceso a la salud (Ley 1618 de 2013, artículo 10, numeral 3), el Ministerio de Vivienda controla las licencias de construcción (Ley 1618 de 2013, artículo 14, numeral 8) y las autoridades de transporte sancionan los plazos incumplidos (Ley 1618 de 2013, artículo 15, numeral 7).

De la ley al sitio al que vas

La ley pide que todos los baños públicos sean accesibles y que las obras que prestan servicios al público cumplan la normativa de accesibilidad (Ley 1618 de 2013, artículo 14, numerales 5 y 6), pero no dice si el sitio al que vas lo cumple. Eso solo se sabe yendo, o preguntando a quien ya fue. En Braillito Maps, cada lugar responde diez preguntas, y lo completan las personas que lo necesitan:

• rampa o acceso a nivel, para entrar sin escalones;
• puerta ancha, que deje pasar una silla de ruedas;
• baño adaptado;
• estacionamiento accesible;
• piso podotáctil, la guía en el suelo para quien camina con bastón;
• señalética en braille;
• menú en braille;
• señales sonoras, avisos que se oyen y no solo se ven;
• perros guía bienvenidos;
• ambiente tranquilo, sin un ruido que tape las referencias con las que se orienta quien no ve.

Con esas respuestas, cada lugar queda con una puntuación sobre diez. No es una verificación ni sustituye a una inspección oficial: es lo que encontró quien estuvo allí. Lo que exige la norma colombiana en los puntos de atención al ciudadano está en la guía de la NTC 6047, y las leyes y normas de otros países, en normas de accesibilidad por país. Conoce Braillito Maps.

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