Real Decreto Legislativo 1/2013: lo que exige en accesibilidad

Qué es la Ley General de Discapacidad y a quién se aplica

No es una ley escrita desde cero: reúne en un solo texto tres leyes anteriores, la Ley 13/1982 de integración social de las personas con discapacidad, la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, y la Ley 49/2007, que estableció las infracciones y sanciones. Las tres quedaron derogadas (Real Decreto Legislativo 1/2013, disposición derogatoria única). Está en vigor desde el 4 de diciembre de 2013 (Real Decreto Legislativo 1/2013).

Protege a las personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales previsiblemente permanentes que, al encontrarse con barreras, no pueden participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones; y, a sus efectos, también a quien tiene reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 % (Real Decreto Legislativo 1/2013, artículo 4).

Sus medidas de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal se aplican en nueve ámbitos (Real Decreto Legislativo 1/2013, artículo 5):

• las telecomunicaciones y la sociedad de la información;
• los espacios públicos urbanizados, las infraestructuras y la edificación;
• los transportes;
• los bienes y servicios a disposición del público;
• las relaciones con las administraciones públicas;
• la Administración de justicia;
• la participación en la vida pública y en los procesos electorales;
• el patrimonio cultural;
• el empleo.

En los bienes y servicios la obligación no es solo de la Administración: toda persona física o jurídica, del sector público o del privado, que ofrezca bienes o servicios al público tiene que respetar la igualdad de oportunidades y evitar la discriminación, directa o indirecta, por razón de discapacidad (Real Decreto Legislativo 1/2013, artículo 29, apartado 1). Es el caso de un comercio o un restaurante abiertos al público.

Qué obliga a hacer en accesibilidad

La ley trata la accesibilidad universal como un derecho que asegura la igualdad, la vida independiente y la inclusión, y obliga a los poderes públicos a adoptar las medidas para garantizarla en los entornos, el transporte, la cultura, la información y las comunicaciones y los servicios abiertos al público, en zonas urbanas y rurales (Real Decreto Legislativo 1/2013, artículo 22, apartado 1).

Lo que no hace es poner medidas en centímetros: encarga al Gobierno regular las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, de forma gradual, en todos los ámbitos del artículo 5 (Real Decreto Legislativo 1/2013, artículo 23, apartado 1). Esas condiciones tienen que incluir, al menos (Real Decreto Legislativo 1/2013, artículo 23, apartado 2):

• las exigencias de accesibilidad de los edificios y entornos, de los equipos y de los productos, con la supresión de barreras y la señalización apropiada;
• condiciones más favorables de acceso y de no discriminación en normas, criterios y prácticas;
• apoyos complementarios, como productos de apoyo, braille, lectura fácil, pictogramas, lengua de signos, sistemas de comunicación táctil u otras formas de apoyo personal o animal;
• normas internas en las empresas y los centros que eliminen desventajas, incluidos los ajustes razonables;
• planes y un calendario para implantarlo todo, y los recursos humanos y materiales para promoverlo.

Y fija algunas obligaciones concretas:

• Edificación. Las normas técnicas de edificación tienen que incluir las condiciones mínimas de accesibilidad de los edificios de cualquier tipo, y a los proyectos que no las cumplan se les deniega el visado (Real Decreto Legislativo 1/2013, artículo 26). Esas medidas están en el Código Técnico de la Edificación: lo que exige, en la guía del CTE DB SUA.
• Calles, parques y jardines. Los ayuntamientos tienen que prever planes municipales para adaptarlos y destinar a ello un porcentaje de su presupuesto (Real Decreto Legislativo 1/2013, artículo 34, apartado 4). Las medidas del espacio público están en la guía de la Orden TMA/851/2021.
• Transporte. Las estaciones de autobuses y de tren, los aeropuertos y los puertos de uso público tienen que tener baños adaptados para personas con ostomía, en las obras nuevas y en las reformas o rehabilitaciones de especial entidad (Real Decreto Legislativo 1/2013, artículo 27, apartado 3).
• Vivienda. En los proyectos de viviendas protegidas, al menos un 4 % de las viviendas tienen que tener las características que garanticen la accesibilidad universal (Real Decreto Legislativo 1/2013, artículo 32, apartado 1).
• Aparcamiento. Los ayuntamientos tienen que facilitar el aparcamiento de los vehículos de las personas con problemas graves de movilidad (Real Decreto Legislativo 1/2013, artículo 30). Cómo es la plaza reservada, en la guía del aparcamiento para personas con discapacidad.

Infracciones y multas de hasta 1.000.000 de euros

Es infracción administrativa toda acción u omisión que vulnere la igualdad de oportunidades, la no discriminación o la accesibilidad universal en los ámbitos del artículo 5, incluidos el incumplimiento de las exigencias de accesibilidad y la negativa a hacer ajustes razonables (Real Decreto Legislativo 1/2013, artículo 80). El régimen es básico: cada comunidad autónoma desarrolla y tipifica sus propias infracciones y sanciones, y donde no tiene un régimen propio se aplica el del Estado (Real Decreto Legislativo 1/2013, artículo 78).

En el ámbito de la Administración General del Estado, la ley pone cifras a cada grado: las leves, de 301 a 30.000 €; las graves, de 30.001 a 90.000 €; y las muy graves, de 90.001 a 1.000.000 €, con el tramo de 600.001 a 1.000.000 € para el grado máximo (Real Decreto Legislativo 1/2013, artículo 96). Allí es muy grave incumplir las normas de accesibilidad en la planificación, el diseño y la urbanización de los entornos, productos y servicios abiertos al público cuando eso impide que las personas con discapacidad entren y los usen (Real Decreto Legislativo 1/2013, artículo 95, apartado 4, letra f), y grave cuando lo obstaculiza o lo limita (Real Decreto Legislativo 1/2013, artículo 95, apartado 3, letra e).

• Cómo se gradúa la multa. Por la intención, la negligencia, el número de personas afectadas, la cifra de negocios, la reincidencia y el beneficio económico obtenido, entre otros criterios (Real Decreto Legislativo 1/2013, artículo 84).
• Además de la multa. En las graves y muy graves se puede prohibir optar a subvenciones durante uno o dos años (Real Decreto Legislativo 1/2013, artículo 85); y quien sufre una discriminación al acceder a un bien o un servicio tiene derecho a una indemnización por daños y perjuicios (Real Decreto Legislativo 1/2013, artículo 86). Pagar la multa no exime de cumplir la norma (Real Decreto Legislativo 1/2013, artículo 88).
• Cuánto tiempo hay para sancionar. Las infracciones leves prescriben al año, las graves a los tres años y las muy graves a los cuatro (Real Decreto Legislativo 1/2013, artículo 82).
• Quién puede intervenir. Las personas con discapacidad, sus familias y sus organizaciones son parte interesada en el procedimiento, y las organizaciones pueden recurrir si la denuncia se archiva o se desestima (Real Decreto Legislativo 1/2013, artículo 89).
• Las cuantías se pueden actualizar. El Gobierno puede revisarlas por real decreto, teniendo en cuenta el IPC (Real Decreto Legislativo 1/2013, disposición adicional novena).

De la ley al sitio al que vas

La ley dice qué se puede exigir, pero no si el restaurante de tu barrio lo cumple. Eso solo se sabe yendo, o preguntando a quien ya fue. En Braillito Maps, cada lugar responde diez preguntas, y lo completan las personas que lo necesitan:

• rampa o acceso a nivel, para entrar sin escalones;
• puerta ancha, que deje pasar una silla de ruedas;
• baño adaptado;
• estacionamiento accesible;
• piso podotáctil, la guía en el suelo para quien camina con bastón;
• señalética en braille;
• menú en braille;
• señales sonoras, avisos que se oyen y no solo se ven;
• perros guía bienvenidos;
• ambiente tranquilo, sin un ruido que tape las referencias con las que se orienta quien no ve.

Con esas respuestas, cada lugar queda con una puntuación sobre diez. No es una inspección ni sustituye a una denuncia ante la administración: es lo que encontró quien estuvo allí. Las medidas que hay detrás de cada pregunta están en las guías de la rampa, la puerta accesible, el aseo accesible y el pavimento podotáctil.

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